Primero fue un robo. Luego un allanamiento. Esos fueron tan sólo el puntapié de una investigación que será mucho más compleja y que tendrá un impredecible final. Ayer al mediodía fueron procesadas tres personas por el hurto de medidores de agua y, horas después, el propietario de un corralón que se dedicaba a la compra de esos elementos. Ahora falta un detalle: determinar quién es el comprador de grandes cantidades del bronce que tiene ese elemento, pero todo parecería indicar que no es de la provincia.

El martes, una vecina de Rondeau al 500 denunció que desconocidos le habían sustraído ese elemento de la puerta de tu casa. Personal de la seccional 2°, al mando de los comisarios Marcela Robles, Ricardo Gallardo y Domingo Luna, consiguieron el dato de un lugar donde estarían comprando los medidores.

El fiscal Pedro Gallo consiguió que el juez Eduardo González lo autorizara a realizar un allanamiento en San Luis y Avenida Independencia. “Eran tantas las piezas que se encontraron que se decidió pesarla para realizar un conteo más exacto. En total fueron casi 177 kilos”, explicó el auxiliar Pedro Landívar. Fue detenido el propietario de la chatarrería Daniel Omar Rocha.

Audiencia

Landívar pidió que al sospechoso se lo acusara de encubrimiento por receptación doloso doblemente agravado por el ánimo de lucro y por habitualidad. “Si bien tenemos que analizar varios de los elementos que se incorporaron en la causa, sospechamos que esta persona adquiría los medidores sabiendo que eran robados para luego venderlos”, explicó el representante del Ministerio Público.

“Este no es un delito menor porque genera numerosos inconvenientes. Los ciudadanos se quedan sin un servicio esencial y la empresa que brinda el servicio sufre millonarias pérdidas”, argumentó el auxiliar quien solicitó que se le dicte la prisión preventiva por dos meses. Pero también sorprendió a todos al solicitar que se clausure el local preventivamente ante un posible futuro decomiso y para evitar que se sigan realizando este tipo de maniobras.

Landívar aseguró que la investigación está lejos de finalizar. “Esto recién comienza. Faltan analizar muchos elementos en esta causa”, confió durante la audiencia.

El acusado decidió declarar. “Soy un comerciante honesto desde hace años. Lamentablemente soy comprador de buena fe. Además hay otra realidad: no estoy viendo cómo llega la mercadería, para eso tengo empleados. Estoy encerrado en una oficina porque soy el responsable del pago”, señaló Rocha. Después de reiterar en varias oportunidades su inocencia dijo una frase que dejó en silencio a todos: “lo que sí puedo decir es que de manera habitual van a mi negocio camionetas de la SAT cargadas con picaduras de cobre y plomo para vender”,

El representante legal de la empresa, Walter Ojeda Ávila, descartó esa posibilidad. “Esas son mentiras; está prohibido hacer eso y no existe ninguna constancia”, aseguró con tono molesto.

La defensora del acusado, Mónica López, rechazó todos los pedidos que realizó el Ministerio Público argumentando que no había pruebas suficientes e insistió que su defendido compraba ese material de buena fe. El juez Guido Cattáneo falló a favor del MPF, pero rechazó el pedido de clausura del corralón allanado.

Los próximos pasos

Mientras se desarrollaban las audiencias, el fiscal Gallo continuaba delineando los pasos a seguir. Tiene una ventaja. A diferencia del robo de cobre de cables, transformadores y de medidores de gas, los del agua son inconfundibles, tienen características únicas.

Según los técnicos de la SAT, cada elemento sustraído de los medidores pesa hasta 500 gramos, pero menos de 150 gramos son de bronce. “El daño que generan es grandísimo. No sólo provocan un perjuicio a la víctima, sino que además producen trastornos en las cuadrillas de operarios y, por supuesto, un gran derroche de agua”, explicó el presidente del directorio de la Sociedad Aguas Tucumán Marcelo Caponio,

En nuestra provincia los investigadores ya tienen un modelo de modus operandi. Personas de escasos recursos o con severos problemas de adicción son los responsables de cometer los robos. Una vez que tienen el botín, se dirigen a una chatarrería que compra esos metales a muy bajo valor. Hasta allí, por ahora, está todo comprobado. Investigar lo que sucede después es más complicado.

Todo parecería indicar que los dueños de corralones venden grandes cantidades de esos metales a compradores foráneos o directamente los trasladan hasta Salta o Buenos Aires. En esas provincias existen empresas que tienen talleres de fundición que se encargan de transformar en lingote lo que fue robado en otros lugares. “El problema es llegar a estos esos lugares porque están fuera de nuestra jurisdicción”, explicó una fuente judicial.

Advertencia: “Pretendemos llegar a lo más alto de la cadena de esta actividad ilícita”

“No nos interesa sólo quedarnos con las personas que sustraen los medidores. Pretendemos llegar a lo más alto de la cadena de esta actividad ilícita”, sostuvo el presidente del directorio de la Sociedad de Aguas del Tucumán, Marcelo Caponio. El funcionario advirtió que están haciendo todas las gestiones para poner fin a esta modalidad delictiva que tantos problemas le genera a la empresa. “Además de la prevención, somos perfectamente conscientes que es necesario llegar a los que compran lo robado y saber a quién se las vende”, adelantó. Caponio se mostró complacido con el trabajo desarrollado por el fiscal Pedro Gallo. “Nos permitió asumir la querella y vamos a colaborar para desarticular estos grupos. También los demandaremos civilmente”, finalizó.

Algunos números

439 medidores se sustrajeron entre el 30 de octubre y el 31 de enero.

U$S49 es el valor estimado de cada artefacto.

U$S21.500 es la pérdida de los artefactos únicamente.

150 gramos de bronce extraería de cada medidor.